Deinar Henrry Antelo Salazar
Despachante de Aduanas – DHANTELO S.R.L.
El ordenamiento –según esa teoría– se caracteriza por su disposición escalonada, la norma inferior que contradice a una norma superior no tiene validez y, gráficamente, ello está representado con la denominada pirámide jurídica.
La fácil comprensión que esta teoría ofrece del ordenamiento quizás lleva a afirmar con demasiada frecuencia que, para resolver un conflicto normativo, corresponde determinar la jerarquía entre las normas, con ello será “fácil” resolver el mismo.
Así, entre una ley y un decreto supremo, la ley prevalecerá dado que tiene jerarquía superior. Sin embargo, en lo jurídico este procedimiento no es correcto, dado que para resolver los conflictos entre normas la jerarquía normativa no es el primer criterio al que hay que acudir.
En un conflicto cualquiera entre normas, en realidad primero hay que resolver el tema de la competencia, es decir, identificar a qué autoridad asigna la Constitución una determinada tarea; es que la Constitución, además de establecer los derechos y garantías fundamentales, dedica una parte importante de su contenido a asignar competencias a los órganos de gobierno, ya sea en cuanto a una función: ejecutiva, legislativa, judicial o electoral; al territorio en el cual ejercerán sus funciones: nacional, departamental, municipal o autonomía indígena originaria campesina, o al ámbito en que pueden ejercerla: educación, seguridad, economía, hidrocarburos, etc.
Ni la ley –que es la norma jurídica superior– puede abordar los campos específicos que la Constitución asignó a las normas reglamentarias o decretos. Y es que, más que una pirámide, el ordenamiento en su conjunto se desprende de la Constitución, ya que la validez de cada una de las manifestaciones o actos de las autoridades toma su sentido de aquélla.
Referirnos al Principio de la Jerarquía Normativa, tendrá relación directa con la Pirámide de Hans Kelsen, quien definió este sistema como la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación entre estas dentro de un sistema, es sobre la base del principio de jerarquía. Esto quiere decir que las normas o leyes que componen un sistema jurídico, se relacionan unas con otras según el principio de jerarquía, por lo que una ley que se encuentra por debajo no puede contradecirse con otra que esté por encima ya que la misma no tendría efecto jurídico o no debería tenerlos.
Aplicando lo anteriormente señalado en materia normativa, debemos entender entonces que ningún Fax Instructivo o Resolución de Directorio puede estar por encima de lo que establece la Ley, debiendo siempre prevalecer las disposiciones que en ella están insertas.
La fácil comprensión que esta teoría ofrece del ordenamiento quizás lleva a afirmar con demasiada frecuencia que, para resolver un conflicto normativo, corresponde determinar la jerarquía entre las normas, con ello será “fácil” resolver el mismo.
Así, entre una ley y un decreto supremo, la ley prevalecerá dado que tiene jerarquía superior. Sin embargo, en lo jurídico este procedimiento no es correcto, dado que para resolver los conflictos entre normas la jerarquía normativa no es el primer criterio al que hay que acudir.
En un conflicto cualquiera entre normas, en realidad primero hay que resolver el tema de la competencia, es decir, identificar a qué autoridad asigna la Constitución una determinada tarea; es que la Constitución, además de establecer los derechos y garantías fundamentales, dedica una parte importante de su contenido a asignar competencias a los órganos de gobierno, ya sea en cuanto a una función: ejecutiva, legislativa, judicial o electoral; al territorio en el cual ejercerán sus funciones: nacional, departamental, municipal o autonomía indígena originaria campesina, o al ámbito en que pueden ejercerla: educación, seguridad, economía, hidrocarburos, etc.
Ni la ley –que es la norma jurídica superior– puede abordar los campos específicos que la Constitución asignó a las normas reglamentarias o decretos. Y es que, más que una pirámide, el ordenamiento en su conjunto se desprende de la Constitución, ya que la validez de cada una de las manifestaciones o actos de las autoridades toma su sentido de aquélla.
Referirnos al Principio de la Jerarquía Normativa, tendrá relación directa con la Pirámide de Hans Kelsen, quien definió este sistema como la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la principal forma de relación entre estas dentro de un sistema, es sobre la base del principio de jerarquía. Esto quiere decir que las normas o leyes que componen un sistema jurídico, se relacionan unas con otras según el principio de jerarquía, por lo que una ley que se encuentra por debajo no puede contradecirse con otra que esté por encima ya que la misma no tendría efecto jurídico o no debería tenerlos.
Aplicando lo anteriormente señalado en materia normativa, debemos entender entonces que ningún Fax Instructivo o Resolución de Directorio puede estar por encima de lo que establece la Ley, debiendo siempre prevalecer las disposiciones que en ella están insertas.
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