Antonio Rocha Gallardo
PRESIDENTE – CRDA SC
PRESIDENTE – CRDA SC
Como “obsequio turco” le llegó
a los empresarios del país el desmedido incremento salarial, la obligación
anticipada del doble aguinaldo, la Ley de empresas sociales y las
modificaciones del Código Tributario en la Ley de Lucha contra el Contrabando
que penalizan a los importadores por errores y omisiones no atribuibles a
ellos.
Nuestra principal
preocupación son las modificaciones planteada al Art. 155 del Código Tributario
Boliviano que establece los agravantes por la comisión de ilícitos de
contrabando, entre ellos la “reincidencia”, estableciendo que la reincidencia
de un contrabando tipificado como contravención (de menor cuantía), se
convierte en delito con sanción pecuniaria y penal.
El riesgo es que en
una importación legal en la que se cumplen todas las formalidades aduaneras
hasta llegar al recinto aduanero, se puede incurrir en contravención por
contrabando por una acción totalmente ajena a la responsabilidad del importador
y del despachante, tal el caso del envío de un suvenir, material promocional o
suplementario, sin ningún valor comercial que no estuviera declarado
específicamente se constituye en “contrabando de mercancía no
declarada” lo que nos convierte en contrabandistas aun habiendo
pagado todos los tributos aduaneros de lo declarado, y en caso de reincidencia
puede convertirlos en delincuentes con pena de cárcel.
Por otro lado, el
desmedido aumento salarial y el doble aguinaldo no solo encarecen los costos de
las empresas formales, sino que atentan contra el empleo formal y la
sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas en una economía desacelerada
con un crecimiento basado esencialmente en el gasto público, el crecimiento de
la deuda para inversión pública y ahora la esperada recuperación del precio del
gas natural.
Lo que sin duda no se
considera en el tratamiento del incremento salarial es que las empresas
formales debemos contabilizar en los costos dieciséis (16) sueldos, incluyendo
prima, indemnización más el doble aguinaldo, lo que representa más del 30% del
costo efectivo del salario, si a esto le sumamos otros beneficios laborales
como la vacación, bono de antigüedad, bonos de maternidad y lactancia para las
mujeres y otros, el costo efectivo del salario se puede incrementar hasta en un
70%.
Por si fuera poco, a
todo este escenario de enorme dificultad para hacer empresa, se suma ahora la
Ley de Empresas Sociales que a título de preservar la fuente laboral del
trabajador se puede convertir en un mecanismo de extorción al empleador y de
expropiación de la propiedad privada, con el solo hecho de adeudar salarios o
prestaciones sociales, que hasta pueden ser resultado de las mismas políticas
económicas restrictivas, como la restricción a las exportaciones, el alto costo
salarial, la inflexibilidad del tipo de cambio o el mismo control de precios.
En suma, hoy por hoy
estas deseconomias que nos plantean las políticas públicas, nos pueden quebrar,
expropiar el patrimonio y finalmente encarcelarnos.
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